La soberanía nacional de la Puerta del Sol

Grandísimo artículo de Victoria Prego. Un 10.

Por si no lo sabían, ya lo saben: la soberanía nacional reside ahora en la Puerta del Sol. Lo han dicho los acampados hablando de sí mismos y de su mismidad. En consecuencia, nada tienen que escuchar de la Junta Electoral Central ni de sus decisiones. A ver quiénes son esos señores reunidos durante horas en el Congreso para imponer a «la soberanía nacional» la menor cortapisa.
Después de oír cosa tal, cualquier ciudadano de los corrientes habría esperado que el presidente del Gobierno hubiera puesto pie en pared y hubiera cortado las pretensiones de estos ciudadanos, no tan jóvenes como para ser tan ignorantes, que ya han anunciado que se van a manifestar el sábado 21, víspera de las elecciones y jornada de reflexión en la que están prohibidas las manifestaciones que tengan el propósito de influir en los comicios.
Pero «la soberanía nacional de la Puerta del Sol» ya nos lo ha aclarado: unos individuos que piden que no se vote a los dos partidos nacionales, PP y PSOE, y tampoco se vote a CiU -de IU y del PNV no han dicho nada, así que hay que concluir que a esas formaciones sí se las puede votar- no están interfiriendo en la campaña ni tienen ningún contacto con el proceso electoral en curso.
Tampoco lo tienen cuando defienden una reforma de la Ley Electoral cuyo contenido, por cierto, es una de las cosas más disparatadas que se han oído en los últimos años. Y no son tan niños los que están ahí como para justificar tanta ignorancia: más de un licenciado de Derecho y en Políticas tiene que estar durmiendo estas noches bajo esas lonas. Pero la «soberanía nacional» ha dictaminado que lo anterior tampoco interfiere en la campaña. La Junta Electoral decide en balde: la legitimidad y hasta la legalidad son ellos, la Puerta del Sol.
Debe de ser por eso mismo por lo que nuestro presidente declaró ayer que, dado que éste es un movimiento pacífico, hay que hacer todo lo posible para que siga siéndolo. Este tipo de planteamientos dan para mucho. Primero: da la impresión de que el presidente asume personalmente la decisión que haya que adoptar sobre los concentrados. No la Junta Electoral Central, que es la que está encargada por la ley de decidir. Será él, el propio presidente, cuya participación en situaciones de esta naturaleza la ley no contempla en absoluto, quien diga si se actúa y cómo se actúa. Asombroso.
Segundo punto, que también tiene miga: que el presidente diga que hay que hacer todo lo posible para que el movimiento, que es pacífico, no deje de ser pacífico significa que considera que está en sus manos y en las del Gobierno, no en la de los protagonistas, evitar que abandonen en cuestión de horas sus principios y sus compromisos éticos.
Es evidente que el señor Rodríguez Zapatero cree que para garantizar las convicciones de los concentrados -muy frágiles por lo que se ve, y muy circunstanciales- lo que hay que hacer es no provocarles, no disolverles, dejar que se manifiesten. No hacer nada.
Reluce aquí en todo su esplendor el nefasto principio de la responsabilidad delegada: se ve que el pacifismo de los acampados no es cosa de ellos mismos, sino de otros. Serán los demás, léase la Junta Electoral Central, la Policía Nacional, el Gobierno los culpables de que se vuelvan agresivos.
Conclusiones: la ley es la que dicta el Ejecutivo. O, si no, el personal de la calle si se junta en número suficiente como para amedrentar a las autoridades. Y el Gobierno decide cuándo se obedecen las órdenes de los órganos legales y cuándo se desobedecen. Según se vea.